Los vecinos de Majadahonda merecemos transparencia en la gestión de nuestros impuestos

Actualizado 29.04.2024

La reciente convocatoria de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Majadahonda ha dejado al descubierto una realidad preocupante y una tendencia que no podemos seguir tolerando: la falta de transparencia en la gestión de los presupuestos municipales. En un acto que muchos podrían ver simplemente como una rutina administrativa, se ha evidenciado una profunda crisis de confianza y una alarmante desconexión entre los ciudadanos y aquellos encargados de administrar sus recursos.

Esta situación, denunciada por el PSOE y Vox, que representan polos opuestos en el espectro político, ha desencadenado una sorpresiva pero necesaria alianza. Ambos han unido fuerzas en respuesta a una serie de actuaciones que consideran no solo opacas, sino directamente contrarias a las normativas de transparencia y buen gobierno. La decisión del PSOE de llevar el asunto a los tribunales no es un mero capricho político, sino una llamada a la responsabilidad y un esfuerzo por salvaguardar el interés público.

Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de partidos o de diferencias ideológicas transitorias. Se trata de la integridad de nuestra democracia local y de la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en sus representantes. Los presupuestos municipales, como cualquier acto de gestión pública, deben ser transparentes y estar sujetos al escrutinio público. No son simplemente números en una hoja de cálculo; representan decisiones importnates que afectan la vida diaria de todos los majariegos.

La falta de un anexo de inversiones en los presupuestos propuestos por el Partido Popular no es un error administrativo menor; es una falta grave que pone en duda la capacidad del partido gobernante para administrar de manera abierta y responsable. Como ya se vio en el pasado, con la justicia tumbando los presupuestos de 2021 por razones similares, este tipo de omisiones no son ni aceptables ni legales.

Cada euro de esos presupuestos proviene de los bolsillos de los ciudadanos, y como tal, tienen el derecho inalienable de saber cómo se gasta cada euro. La opacidad en la gestión presupuestaria no solo es un mal precedente, sino que es una práctica que debilita los cimientos mismos de nuestra estructura social y democrática.

La gestión de los recursos públicos debe estar alineada con los más altos estándares de claridad, accesibilidad y responsabilidad. Los ciudadanos no podemos consentir, bajo ninguna circunstancia, que la gestión pública se convierta en un laberinto inescrutable donde solo unos pocos elegidos entienden qué está sucediendo realmente con el dinero de todos.